A veces se me olvida que ganaron la guerra. No hablo solo de la guerra en la que usted está pensando, sino de otras guerras más amplias y eternas. Me refiero a la victoria como forma de orden, a su capacidad para prolongarse en el tiempo y filtrarse en todos los estratos de la sociedad, especialmente en el más bajo. A veces vivo como si esa victoria no existiera. Sin embargo, basta atender a las conversaciones cotidianas para comprender que estoy equivocado, porque unos pocos heredan la victoria y otros muchos aprenden a defenderla, aunque la sufran.

Casi todas mis relaciones —laborales, amistosas, incluso familiares— han estado vinculadas a personas alejadas de los centros de poder económico y político. Algunos de ellos son, incluso, personas que viven con pocos recursos materiales y culturales para afrontar el día a día. En ese entorno es donde, a veces, en medio de conversaciones aparentemente inofensivas, surge la defensa de los privilegios de las clases dominantes, incluso cuando esos privilegios se han sostenido históricamente mediante la violencia contra la clase trabajadora. Me cansa refutar cada uno de esos argumentos —muchos son burdos, casi mecánicos—, pero a veces me veo arrastrado a hacerlo porque forman parte del ruido cotidiano. Y lo que más me desconcierta siempre no es la existencia de esos discursos, sino la vehemencia con la que algunas de sus víctimas los justifican.

La última discusión fue reciente y tuvo como detonante la Ley de Reforma Agraria de 1932. Mi interlocutor sostenía que aquella ley había sido, en esencia, un robo del gobierno a los legítimos propietarios. Lo interrumpí cuando empezó a deslizar afirmaciones sin respaldo histórico. Aporté algunos datos concretos sobre el contenido de la ley, datos que en ningún caso encajaban con la definición de robo. Él respondió que eso era solo mi opinión. Le aclaré que no hablaba de opiniones, sino de hechos verificables. Me pidió entonces la procedencia de esos datos y, tras citar la fuente, replicó que otros historiadores ofrecían versiones distintas. Insistí en que no estaba discutiendo interpretaciones, sino elementos objetivos, y le pedí que mencionara esas otras referencias. No lo hizo. Se limitó a añadir que, en cualquier caso, yo también tenía propiedades y que tampoco me gustaría que el gobierno me las robara. 

Mi interlocutor era alguien cercano y conocía bien la extensión y el uso de lo que él llamaba «mis propiedades». Intenté explicarle la diferencia entre un piso de cien metros cuadrados, construido en el siglo XIX y todavía hipotecado, y miles de hectáreas agrícolas en manos de propietarios que incumplían de forma sistemática las condiciones legales. No sirvió de nada. «Es lo mismo», zanjó, «los dos sois propietarios y ninguno quiere que el gobierno le robe lo suyo». En ese punto comprendí que la discusión ya no buscaba aclarar nada, era solo una prueba más de por qué ganaron la guerra. Ganaron para eso, para que los vencidos custodiaran los privilegios ajenos. Y cuando me percato de lo difícil que es luchar contra esa victoria eterna, me prometo no volver a entrar en conversaciones semejantes, porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, …